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Abre Estado para consulta de ciudadanos, expediente de adquisición de cobijas

El documento físico estará a disposición de la ciudadanía en la Contraloría del Estado y la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción.

El Gobierno de Nuevo León puso a disposición de los ciudadanos el expediente que contiene las investigaciones penal y administrativa que realizó a la adquisición de 60 mil cobertores, en diciembre de 2015.

En rueda de prensa, Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que los documentos físicos podrán ser consultados con previa cita en la Subprocuraduría Especializada para el Combate a la Corrupción y en la Contraloría del Estado.

“Bajo un cierto orden, pero público, va a estar a disposición de ustedes en la Subprocuraduría el expediente que contiene toda la investigación penal, y el expediente integrado por la Contraloría por supuesto a su disposición en la Contraloría con todos los detalles”, manifestó González.

“Y las resoluciones emitidas tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por la Secretaría de Finanzas, también bajo cierto orden, nada más llegar y pedirlo en las oficinas”.

El funcionario estatal indicó que la Controlaría determinó, tras su investigación, que existían acciones que podían ser consideradas como delictivas y otras consideradas como fallas de carácter administrativo.

El Secretario recordó que la Contraloría envió a la Subprocuraduría Anticorrupción la parte del expediente que incluía la posibilidad de iniciar acción penal, y a las Secretarías de Desarrollo Social y de Finanzas y Tesorería General del Estado para deslindar responsabilidades administrativas.

“Lo que sucedió en la Subprocuraduría Anticorrupción en donde se tuvieron que analizar de acuerdo a los supuestos de la nueva ley penal, los dos escenarios que podían darse, la investigación de la posibilidad de acciones delictivas y por otro la utilización del procedimiento de mediación”.

La Subprocuraduría optó por la mediación, por lo que solicitó a la empresa la reparación del daño.

“Todo el daño que supuestamente se originó y que salió a la luz con motivo de la investigación de la Contraloría fue reparado y hasta ahí quedó el procedimiento que tiene que ver con la Subprocuraduría Anticorrupción”.

En el expediente que llevó a cabo la Contraloría, dijo, la Secretaría de Desarrollo Social emitió una resolución donde dicta que los ex funcionario Rogelio Benavides y servidor público Gonzalo Padilla debían ser sancionados administrativamente, mientras que la Secretaría de Finanzas fijó el monto de las sanciones.

“En este informe que tengo de la Tesorería están señaladas las sanciones que tuvieron estos funcionarios y la empresa que de maneta incorrecta surtió estos objetos motivo de la licitación. La suma de las sanciones llega a la cantidad aproximada de 700 mil y feria de miles de pesos entre la empresa y los dos funcionarios”, detalló el Secretario General de Gobierno.

“En caso de empresa se iniciaron por parte del Gobierno las acciones para embargarles propiedades y/o bienes a la empresa, la empresa de inmediato se acercó y dice que va  a pagar la sanción, esta es la sanción económica adicional a  la reparación de las cobijas”.

A la Comercializadora Mirof, S. A. de C. V., se le fijó una sanción económica de 310 mil 319 pesos; a Benavides Pintos, de 293 mil 4 pesos, y a Padilla, de 262 mil 314 pesos.

González Flores dijo que aunque los expedientes de la adquisición de las cobijas incluyen información reservada, el Estado entregó la información completa y sin reservas a diputados locales y distintos órganos del Congreso local para su discusión y análisis.

 

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