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Presenta Estado recurso de reclamación por Ley Electoral

Busca Gobierno Ciudadano que sea aceptada y analizada la controversia constitucional presentada previamente.

El Gobierno Ciudadano anunció hoy que el Tribunal Superior de Justicia admitió un recurso de reclamación con el que se busca que sea aceptada y analizada la controversia constitucional que planteó para impugnar el periodo extraordinario celebrado por el Congreso local a finales de junio pasado.

“En este momento, el recurso de reclamación presentado por el Ejecutivo, por su servidor, ante el Tribunal, atacando la no admisión de la controversia constitucional en contra del periodo (extraordinario) constitucional, fue aceptado”, expresó Manuel González, Secretario de General de Gobierno, en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno.

El funcionario explicó que el Gobierno Ciudadano recurrió a esta vía legal en respuesta al desechamiento hecho por el Poder Judicial sobre la demanda de controversia constitucional, presentada por el Estado, pues el periodo extraordinario celebrado por el Legislativo en junio se convocó de manera ilegal.

En la demanda se estableció que los legisladores llevaron a cabo ese periodo extraordinario sin cumplir con alguno de los tres supuestos establecidos por la Constitución del Estado.

En ese periodo de sesiones, los diputados reformaron a la Ley Electoral, para incluir la figura de legisladores plurinominales, entre otros temas.

“En el (periodo) extraordinario hay tres supuestos que deben de cumplirse: que lo convoque el Ejecutivo, que exista un problema grave de salud en el Estado o que exista una ordenanza federal general. Ninguno de estos supuestos se cumplió”, dijo González Flores.

En ese periodo extraordinario, abundó, los legisladores ratificaron a tres magistrados por 10 años más en su cargo, Leonel Cisneros Garza, Juan Manuel Cárdenas González y Francisco Javier Mendoza Torres, siendo este último quien desechó la demanda promovida por el Ejecutivo.

“(Los diputados) lo hacen con toda la intención de arrinconar al Poder Judicial a tomar decisiones en contra del Poder Ejecutivo y de la ciudadanía, que es lo más perverso. El problema es que atacan a la ciudadanía con esa forma de proceder”, explicó el funcionario estatal.

“Estamos solicitando que esos tres magistrados no participen en la revisión del recurso de reclamación; todo esto es en el Tribunal Superior de Justicia, no se confundan.

“Nosotros, como ciudadanos y como Ejecutivo, tenemos que ayudar a que el Poder Judicial tome decisiones en total libertad, sin ninguna presión de ningún tipo como está sucediendo ahorita”.

El recurso de reclamación fue presentado el pasado 14 de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia, mismo que se admitió a trámite apenas el día siguiente.

“(Ahora) se correrá traslado a las partes. Tienen que correrle traslado al Congreso y tienen que correrle traslado al Procurador, también, porque es otro ente que participa en esto.

“Tiene que desahogarse el periodo probatorio de uno y otro de los lados que participan en esto y luego emitirse una resolución sobre el acto de la acción de reclamación que es un recurso que se tiene para decirle al magistrado: ‘tienes qué aceptarme la controversia’. Nosotros tenemos razón para discutir esto”, señaló.

Por su parte, añadió, el Procurador Bernardo González presentó, hace poco más de una semana, una acción de inconstitucionalidad local en contra de la Ley Electoral, también ante el Tribunal Superior de Justicia.

Esa demanda, explicó González Flores, tampoco fue aceptada por el Magistrado Presidente, Mendoza Torres, pues consideró que el Tribunal no era competente para conocer tal acción y la reenvió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, el pasado viernes 18 de agosto, Garza presentó un recurso de reclamación para que el Pleno admita la acción de inconstitucionalidad, lo cual será resuelto por el Pleno del Tribunal.

El Secretario General de Gobierno señaló que los diferentes recursos forman parte de la estrategia del Estado para dejar en claro que las reformas electorales aprobadas por el Congreso en junio serán aplicables hasta el proceso electoral de 2021.

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