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PROPONEN DIPUTADOS DÍA NACIONAL CONTRA “PIRATERÍA” Y CONTRABANDO

La Comisión de Gobernación avaló el planteamiento porque ambos fenómenos ya alcanzan niveles alarmantes en el país

Significan pérdidas por miles de millones de pesos al año en empleos, producción, impuestos y daños a la seguridad

Lo que pierde el país va a la delincuencia organizada, por lo que ya es una problemática de seguridad pública y gobernabilidad

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por los legisladores Waldo Fernández González del PRD, Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”.

En su sesión de hoy, dicho órgano legislativo ponderó los argumentos del parlamentario federal perredista en el sentido de que la “piratería” y el contrabando representan ya un problema de seguridad pública y de gobernabilidad para la nación.

Por consiguiente, coincidieron con él y los otros dos firmantes en comunicar a los mexicanos la necesidad de rechazar dichos fenómenos, pues participar en ellos de alguna u otra forma resulta socialmente irresponsable y autodestructivo, así como lesivo para el empleo, el desarrollo económico sustentable y el Estado de Derecho.

Invitado como uno de los proponentes de la iniciativa a la reunión de la Comisión de Gobernación de hoy, el parlamentario neolonés agradeció la valoración a sus argumentos, entre los cuales mencionó que estos fenómenos representaron al país pérdidas de dos millones 500 mil empleos.

El documento entregado por él y los otros autores de la iniciativa, a su vez, menciona un menoscabo por más de 950 mil millones de pesos para la economía formal y el fisco, recursos que en gran parte fueron a las arcas de la delincuencia organizada.

Además, en 2014, por ejemplo, representó un perjuicio superior a los 43 mil millones de pesos para la economía nacional, esto sin contar el valor de mercancías confiscadas, la evasión de impuestos, daños a la salud y riesgos para la seguridad de los consumidores.

“Se estima –dijo Fernández González- que nueve de cada 10 mexicanos ha adquirido productos “pirata”,  que la hacienda pública pierde anualmente seis mil millones de pesos tan sólo por Impuesto al Valor Agregado (IVA), que más de 250 marcas ilegales de cigarrillos representan un verdadero atentado a la salud de los fumadores, que casi 60% de programas informáticos en computadoras mexicanas carece de licencia y que los creadores de software han tenido pérdidas por mil 250 millones de dólares en los últimos años”

Todo esto –agregó Waldo Fernández- hace de México uno de los países más afectados por dicho fenómeno, a grado de ocupar ya el sexto lugar a nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que agrupaciones como el Consejo Coordinador Empresarial han denunciado que esto ha sucedido debido a un alto grado de permisividad de las autoridades.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del país –continuó-, entre los sectores más afectados están los del vestido, autopartes, libros, vinos, licores y cigarros.

Dado que la principal beneficiaria de la “piratería” y el contrabando es la delincuencia organizada, es claro que su desmedido crecimiento significa ya una crisis de seguridad pública y de gobernabilidad para el país.

Por tanto, un elemento fundamental de la estrategia nacional contra la inseguridad pública y el crimen organizado es el combate a dichos ilícitos y, en general, a la economía informal.

“Por ello resulta trascendente establecer el Día Nacional de Combate al Contrabando y la Piratería como guía para las autoridades y los ciudadanos respecto a nuestras responsabilidades frente a esta problemática. Se envía así  el mensaje  a los mexicanos a que los rechacen”.

Antes de votar por unanimidad la propuesta de Waldo Fernández –firmada también por Enrique Jackson Ramírez y Jorge Ramos Hernández-, los integrantes de la Comisión de Gobernación coincidieron en que esta problemática ya alcanza niveles alarmantes y que es necesario fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

El dictamen con proyecto de decreto se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación.

 

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